El reto: hacer de los servicios ambientales un producto apreciado por el mercado.

Por: Daniela Montes de Oca

El pago por servicios ambientales es un instrumento económico destinado a mejorar la calidad de vida de los poseedores de los bosques y selvas favoreciendo la conservación de zonas prioritarias. Lo anterior resulta de la compensación de los beneficios que trae el ecosistema y que se traducen en plataformas que permiten y sostienen la vida de comunidades enteras. El pago por servicios ambientales, es considerado sin duda un mecanismo financiero eficiente para conservar ecosistemas.

En el marco del Primer Foro de Servicios Ecosistémicos para Chiapas,que tuvo lugar el pasado 17 y 18 de julio en Tuxtla Gutiérrez Chiapas,  se hizo mención que el mercado de servicios ecosistémicos está en apertura, el reto de la sociedad civil es lograr hacerlo viable en cooperación con el sector gubernamental. Como parte de la estrategia, para lograr manejar al mercado a favor de la naturaleza, se deben buscar zonas elegibles para PSA que no sean productivas para la agricultura o tengan la ventaja de la conservación por sí solos.  Para complementar el diseño del mercado ambiental habrá que valerse de otros elementos económicos, como el uso de incentivos y la eliminación de subsidios que propician el cambio de uso de suelo.

La importancia radica, según conclusiones del foro, en eficientizar los mercados ambientales, pues son la herramienta que ayudará a conjuntar el mundo económico con el ambiental. Entre los beneficios que trae consigo la implementación del mercado ambiental están la reducción en los costos de transacción, los incentivos para la innovación pero sobre todo el alza en la valoración de los servicios ecosistémicos al fijarles un precio en el mercado.

Se habló también del papel de la inversión privada, mientras el Estado incentive la participación de ésta con su respectiva regulación, menos presupuesto federal será utilizado en el pago por servicios ambientales. Lo anterior desembocará en el aumento de responsabilidad ambiental por parte del sector privado. La clave está en fabricar una visión de utilidad socioambiental que fortalezca los mercados locales.

Destacó la presentación de Ricardo Ulate y Carlos Manuel Rodríguez, procedentes de Costa Rica, quienes explicaron desde un enfoque político los problemas que presenta la elaboración de esquemas para el pago por servicios ambientales. La toma de decisiones políticas, explicó Ulate, obedece a una lógica económica de costo – beneficio, es decir, mientras la ganancia no se dé de manera tangible y en unidades monetarias, no resulta costeable sustentar un proyecto sea cual sea el fin de éste.

Según expertos ponentes, la agenda social y la ambiental deben fusionarse y a la vez plasmar sus metas tanto de corto como de largo plazo de tal manera que ésta refleje costos y beneficios monetarios. En general, la política ambiental debe dirigir sus esfuerzos a la creación de nichos de enfoque medioambiental en todos los sectores gubernamentales, llámense Secretarías de Estado y/o Estatales, muy al contrario de la transversalidad presente en el discurso desde hace ya algún tiempo.

Quedaron en la mesa varias interrogantes… ¿será necesaria la presencia de árbitros externos para la vigilancia del cumplimiento?, ¿cómo ponerle precio a la belleza escénica?, ¿cómo luchar contra la discontinuidad que sufren los programas debido a los cortos ciclos políticos?.

Éstas y otras respuestas son un reto para la sociedad civil.